Semanario Voz.
Con el mayor sigilo y un apresurado paso se aprobó a la sombra la Ley de Inteligencia para legitimar las chuzadas, los seguimientos y montajes judiciales orquestados en el Estado.
En una avalancha apresurada de aprobaciones a pupitrazos se está convirtiendo el ejercicio parlamentario de la “unidad nacional”. Esta vez, por cuenta de la aprobación de la Ley de Inteligencia, cuya iniciativa gubernamental fue conducida por el Ministerio de Defensa y la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y los altos mandos militares. A lo largo del trámite legislativo la “unidad nacional” que hace mayoría aprobó con sus acostumbrados pupitrazos la iniciativa convertida en un manual de policía política al servicio del régimen. “Se avecina una legalización de las Interceptaciones, seguimientos y acusaciones judiciales infundadas”, aseguraron los voceros del Polo Democrático que votaron negativa la iniciativa.
Cofradía para chuzar
Las prácticas criminales conocidas como chuzadas, con autoría material del DAS, y los organismo de inteligencia militar que fueron orquestadas desde la Casa de Nariño, e incluso con asesoría de paramilitares como se evidencio en el caso de alias “Job”, quien conspiro montajes en contra de magistrados investigadores de la Corte Suprema de Justicia, ahora gracias a la ley esas prácticas tendrán un soporte jurídico y legitimo. Debido a las proposiciones a última hora impuestas por el partido de la U, quienes consideraron necesaria la vinculación de agencias de inteligencia privadas o empresas con manejo restringido de información como nuevos agentes de inteligencia mediante los convenios interinstitucionales de mutuo acuerdo; tales convenios consisten en el recaudo y valoración de informaciones por privados con o sin fines de inteligencia, en las que se encuentra ausente algún tipo de control legal y constitucional en las informaciones recaudadas, abriendo la puerta a la legalización de prácticas criminales del pasado y presente.
¿Quién los controla?
La ley prevé como novedad incluir un organismo de control a las actividades desarrolladas por los agentes de inteligencia, con la creación de la Junta de Inteligencia Conjunta, JIC. Sin embargo, en el conjunto del articulado que definen las funciones de la JIC, no enmarca algunos mecanismos de control constitucional ni garantista de los derechos humanos de quienes son objeto de actividades de inteligencia. Es decir, con la JIC o sin ella, las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos estarían a la orden de sus acciones y sin ningún control externo de autoridades judiciales o administrativas. Una práctica de control amañada en un ejercicio de “yo con yo” muy común en la vigilancia castrense donde las autoridades de control y vigilancia se convertían en cómplices de las actuaciones de sus subalternos o compañeros de armas.
Espectro ilegal
Como lo denunciaran las organizaciones víctimas de las chuzadas, esta ley es un mecanismo que promueve los actos ilegales de los agentes de inteligencia y sus instituciones, por ejemplo: los famosos barridos electromagnéticos consistentes en la ubicación de sistemas de interceptación de comunicaciones que captan y guardan todas las comunicaciones telefónicas, satelitales o virtual emitidas en determinado rango de extensión territorial resultan de facto ilegal, pues se guardan en sus bases de datos información privada sin ser requerida judicialmente. Ahora, según la normativa que aun carece de regulación, esas operaciones serán legales. “Yo tengo derecho a que no se me escuchen mis conversaciones. Y con estos barridos mis conversaciones serán sujeto de verificaciones de inteligencia sin orden judicial”, explicó, el abogado Ramiro Bejarano quien también fue víctima del episodio de las chuzadas. De lo que en el fondo trataría esta ley seria no de aplicar algún tipo de regulación frente a las prácticas de inteligencia sino en la legalización de las mismas.
El Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, manifestó que el archivo y eliminación de la información recolectada con o sin orden judicial por los organismos de inteligencia, no está en discusión, pues esa información es necesaria para las fuerzas militares con el fin de hacer un ejercicio de prevención de atentados terroristas. Argumento que no compadece con la violación de sus derechos ciudadanos en ejercicio de esta práctica criminal.
Censura a la prensa
A esta iniciativa no escapa la mordaza a los medios de comunicación. Anuncios que causaron ampolla desde un principio cuando la iniciativa fue presentada, pues según el articulado la prensa estaría coartada de divulgar informaciones, denunciar irregularidades y obligada a revelar sus fuentes en los organismos del Estado. Precisamente esas informaciones de los medios de comunicación fueron las que revelaron las chuzadas y seguimientos ilegales cometidos en el pasado gobierno y del que aun hoy se tiene indicios de la continuidad de esas prácticas. La censura consiste en la aplicación del articulo 38 y concomitantes del capítulo de Reserva de la Información de Inteligencia y Contrainteligencia, en la medida que serán sancionados severamente aquellos agentes que revelen información de inteligencia y que está a su vez sea publicada. El derecho a la información es fundamental y no puede verse frustrado con una ley de inteligencia “Un secreto militar en contra del derecho a la información: sucedió en el caso de la denuncia de la movilización de unas personas secuestradas en Soacha, que van a terminar muertos como guerrilleros en Cúcuta en la misma noche. En este caso, hay un secreto militar pero un hecho de interés público que la sociedad tiene derecho a conocer”, explicó Nacho Gómez, periodista y presidente de la Fundación para la Libertad de prensa, Flip, refiriéndose a la denuncia hecha por los medios de comunicación en la que se dio a conocer los llamados falsos positivos.
El representante Navas Talero, en ese mismo sentido planteo la necesidad de blindar a las ONG, defensoras de derechos humanos del manejo de la información que le sirve a estas para hacer las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Según el Representante Talero, el trabajo de estas ONG, le sirvieron al país para conocer la configuraron de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad como desapariciones y torturas con autoría de los miembros de la fuerza pública. Consecuentemente gracias a la Ley de Inteligencia tanto los medios como los veedores de las prácticas criminales quedarían censurados de hacer denuncias
Así entonces, La Ley de Inteligencia estaría al servicio de los montajes judiciales y persecuciones políticas a la oposición acentuando un velado manto de impunidad e ilegalidad en plena “prosperidad democrática”.
Semanario Voz, Bogotá, 29 de junio a 5 de Julio de 2011.
