sábado, 14 de diciembre de 2013

ESTOS SON LOS LÍDERES QUE REPRESENTARAN AL PUEBLO DE RISARALDA EN EL PRÓXIMO CONGRESO

INSCRIPCIÓN DE LISTAS DEL POLO RISARALDA. CONGRESO DE LA REPÚLICA 2014 . 2018
Este 09 de diciembre de 2013. se incribieron en la sede departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en la ciudad de Pereira, los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Risaralda por el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.

De Izquierda a Derecha: Adriana González  - Cámara No. 101 -  Jesús Guevara - Cámara No. 102 - Darío Montañez Gómez  - Cámara No. 103 - Carlos Mario Marín Ossa - Cámara No. 104 -  y Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro al Senado.


FIRMA DE INSCRIPCIÓN DE LISTA DE LA REGISTRADORA


Luego de ofrecer una rueda de prensa ante los medios periodísticos de la región, los candidatos se hicieron presentes en la sede de la registraduría departamental, y en compañía de militantes, seguidores, amigos y familiares procedieron a estampar la firma como aceptación de sus candidaturas.

Se trata de una lista de lujo, conformada por líderes y dirigentes de diversos sectores que tienen un trabajo comprobados desde hace años en la defensa de los derechos de los risaraldenses.

Rueda de Prensa. Gran Hotel de Pereira. Diciembre 09 de 2013




Al Senado aspira el ingeniero Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, reconocido dirigente político, líder del movimiento de ingenieros indignados y denunciante de los hechos de corrupción que con persistencia inmoral se presentan en las sucesivas administraciones de la ciudad de Pereira.

En la Cámara de Representantes aparecen como candidatos la abogada y defensora de derechos humanos Adriana González con el número 101. El dirigente campesino de Quinchía, Jesús Guevara, aparece con el número 102. Como líder sindical se presenta el docente Darío Montañez Gómez identificado con el número 103 de la lista. Aparece también defendiendo los postulados del POLO y el interés del pueblo risaraldense, el dirigente político y cívico Carlos Mario Marín Ossa, identificado con el número 104.


El 09 de marzo ABRAMOS CAMPO en el congreso de la república a estos líderes representantes del pueblo de Risaralda.

Porque el POLO es el PUEBLO, vota por un cambio en las costumbres políticas del departamento y en defensa de los intereses del PUEBLO de RISARALDA.

sábado, 7 de diciembre de 2013

POLO RISARALDA INSCRIBE LISTAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2014-2018

El Polo Democrático Alternativo de Risaralda, inscribirá sus listas a Senado y Cámara de Representantes para el período 2014 - 2018, el próximo lunes 09 de diciembre, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en la sede de la Registraduría Departamental ubicada en la Avenida 30 de Agosto con calle 42 de Pereira.



Previo a la inscripción, se llevará a cabo una RUEDA DE PRENSA con los medios regionales y nacionales, desde las 8:00 a.m. en el Gran Hotel de Pereira.

Los integrantes de dicha lista son:

Senado de la República:   Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.
Cámara de Representantes:  Adriana González, Carlos Mario Marín Ossa, Darío Montañez Gómez y Jesús Guevara.

Extendemos desde aquí la cordial invitación a los medios de comunicación y medios alternativos. 


Convocamos a la ciudadanía en general, militantes y simpatizantes para que asistan a ambos eventos, apoyen y fortalezcan los nombres y procesos que estos representan; los cuales vienen trabajando en bien de la ciudadanía risaraldense, defendiendo con pundonor, ética y decisión los derechos de la gran mayoría de los colombianos, la producción nacional, el campo, la industria, la educación, la salud, la movilidad y locomoción dignas, los derechos humanos, la soberanía nacional y futuro de esta patria y de este pueblo.

sábado, 19 de octubre de 2013

Esto dice la letra menuda del proyecto de reforma de la salud (Tomado de El Tiempo.com)


Juan Gossaín presenta informe sobre la iniciativa que radicó el Ministro de Salud.

“Según los resultados de la Encuesta Gallup de abril, ocho de cada diez colombianos desaprueban la forma como se enfrentan los problemas de la salud y piensan que las condiciones y su calidad están empeorando. Tristemente es el campo peor evaluado, por encima de la guerrilla, el narcotráfico, la inseguridad y el desempleo”. (Editorial de EL TIEMPO, domingo 5 de mayo de 2013).
Aunque ustedes piensen que es imposible que Colombia tenga un sistema de salud más lastimoso que el actual, los proyectos de reforma que se encuentran en el Congreso de la República podrían sacarnos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Si se los digo no es por dañarles el día, ni por bajarles el ánimo, sino porque durante largos meses me he tomado el trabajo de leer con cuidado una maraña de documentos, revisar papeles interminables y consultar a un batallón de especialistas.
Para empezar por el principio, no deberíamos hablar del proyecto del Gobierno sino de los proyectos del Gobierno del presidente Santos, que radicó simultáneamente en el Senado dos propuestas distintas: una de ley estatutaria y otra ordinaria. La primera, que fue concebida por lo que se conoce como “la comunidad científica”, pretende definir el ámbito del derecho a la salud. La segunda, que sería una ley corriente, fue iniciativa del propio Gobierno, a través del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Y aunque el ministro dijo ayer que se la jugará por defender con vehemencia la iniciativa de ley estatutaria, tras presentar 18 artículos con base en la propuesta de la Junta Médica Nacional, lo cierto es que el proyecto de ley ordinaria sigue su curso y empezará a ser debatido la próxima semana.
Lo inaudito es que entre los dos proyectos hay artículos que son abiertamente contradictorios. ¿Cómo puede uno entender que el Gobierno le monte un sabotaje a su propia propuesta? Por una sola razón: porque el proyecto estatutario, obra de los médicos, es mucho más sólido y pertinente que la propuesta ordinaria del Gobierno, y proporciona un marco más serio para el posterior desarrollo de las normas ordinarias.
Esa es la razón por la cual en este trabajo periodístico el análisis se concentra en los desatinos de la propuesta ordinaria del Gobierno.
Las EPS seguirán mandando
Comencemos de una vez, porque son inagotables las preguntas que lo asaltan a uno. En el proyecto de ley que preparó el ministro Gaviria no se eliminan las cuestionadas Empresas Promotoras de Salud, EPS, esas compañías tanto públicas como privadas que han provocado incontables escándalos con el manejo de la plata del ciudadano y por los abusos cometidos.
El ministro habla de unas nuevas entidades “gestoras” de salud, a las que se otorgará la facultad de atender a pacientes tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Esas gestoras quedan autorizadas para organizar las futuras redes de servicios que atenderán a la gente.
Lo malo es que el proyecto no impide que las EPS se transformen en gestoras, y de esa manera pasen de manejar la plata de los usuarios, como lo han hecho hasta ahora, a ordenar cómo debe manejarse esa plata. ¿O el Gobierno es tan ingenuo que cree que las EPS se van a quedar de brazos cruzados, viendo a otros apoderarse del negocio?
En ese punto, los entendidos tienen fundamentos para sospechar que lo que está proponiendo el Gobierno es un maquillaje: cambiarles el nombre a las EPS, que tienen tan mala fama. “Es un cambio de letrero”, me dice un especialista en administración hospitalaria, que pide mantener su anonimato. “Es la misma jeringa con diferente bitoque”.
–No le quepa duda –añade el médico Alonso Gómez, un respetado exministro de Salud–. Según el proyecto, las EPS podrán transformarse en gestoras o en prestadoras de servicios médicos de primer nivel. Agrega que no administrarán dineros del sistema. Pero, más adelante, el artículo 27 las autoriza para “apoyar a SaludMía en los procesos de afiliación y recaudo”. Recaudos. Entonces, ¿manejarán recursos o no? Contradicciones como esa abundan en el proyecto.
¿Quién podrá defendernos?
El que viene a continuación es uno de los temas más delicados que encuentro en el proyecto gubernamental. Resulta que hoy en día, por lo que dice la Constitución Nacional, por lo que ha sentenciado repetidamente la Corte Constitucional y por mandato legal, los recursos del sistema de salud son considerados de naturaleza pública, lo cual permite que la autoridad de control fiscal pueda investigar y enjuiciar a quienes hagan uso indebido de ellos.
Esa es la razón, a propósito, por la cual la Contraloría General de la República adelanta varios procesos contra personas o entidades privadas y públicas, entre ellas Saludcoop y Caprecom, acusadas de desviar o malversar esa plata. O de apropiársela, para decirlo francamente.
Cómo les parece que en su borrador de nueva ley el Gobierno propone la creación de un organismo, llamado SaludMía, que reemplace al Fosyga en la tarea de pagarles a las empresas prestadoras del servicio. Sin embargo, agrega que, apenas salgan de las manos de SaludMía, esos dineros dejarán de ser públicos para convertirse en privados.
¿Quién investigará, entonces, a los nuevos defraudadores? ¿Y a los viejos? Las actuales investigaciones tendrían que suspenderse de inmediato. “Si eso se aprueba, los dineros de los usuarios quedarían por fuera del control fiscal”, como lo advirtió ante el Congreso una representante a la Cámara llamada Gloria Stella Díaz.
Dicho sin más rodeos: los ladrones ya no tendrían necesidad de robarse los recursos de la salud, porque la reforma se los estaría regalando de entrada, servidos en bandeja de plata.
¿Cómo se llama eso? ¿Consagración legal de la impunidad?
El sistema de salud colombiano mueve al año 44 billones de pesos. No se sabe cuál es el interés del Gobierno en que se acabe el control fiscal sobre semejante montaña de plata. Si se la han robado a pesar de los vigilantes, cómo será el festín de los buitres cuando nadie los esté mirando.
–El Fosyga tenía tantas funciones que no pudo cumplirlas –comenta el doctor Gómez–. Lo mismo va a pasar con el nuevo fondo SaludMía: tendrá que compensar, recaudar, afiliar a 47 millones de usuarios, pagar alrededor de 40 millones de procedimientos cada mes y deberá controlar mensualmente las afiliaciones y las incapacidades en todo el país. La creación de SaludMía será, como usted dice, un paso que nos llevará de Guatemala a Guatepeor.
Vuelve la burra al trigo
Les pongo otro ejemplo para que me entiendan. A medida que avanzo en el examen de estos documentos, cada hallazgo es más sorprendente que el anterior. La redacción es confusa. Las imprecisiones campean en el proyecto, que, a lo largo de todo el texto, sufre un ataque crónico de vaguedaditis.
Recuerdo perfectamente que hace casi tres años escribí en estas mismas páginas una crónica en la que contaba que los políticos de departamentos y municipios mandaban a Bogotá unas listas tan largas de enfermos imaginarios, para cobrar los subsidios de la salud, que en algunas de ellas había más gente que la población completa del municipio entero.
El asunto llegó a tales extremos de corrupción que modificaron el sistema para evitar que los llamados “entes territoriales” siguieran manejando ese dinero, porque, simple y llanamente, lo estaban saqueando.
Sin embargo, el capítulo cuarto del proyecto elaborado por el Gobierno determina que esas mismas entidades territoriales serán en adelante “los agentes encargados de financiar y gestionar las acciones de salud pública”. Para justificarlo, el Gobierno inventa unas zonas del país llamadas “áreas de gestión sanitaria”, cualquier cosa que eso signifique.
En otras palabras, estamos regresando al pasado con todos sus horrores. Vuelve el agua al molino. Pregunten ustedes cuánta plata asignaron desde Bogotá, a finales del año pasado, para que municipios y departamentos previnieran el dengue. Pregunten cómo se usó esa plata, ya que el propio Instituto Nacional de Salud ha reportado que los muertos por dengue se triplicaron, comparados con los de igual período del 2012.
¿Por qué, entonces, y después de haber controlado ese cáncer, el Gobierno viene a proponernos ahora que volvamos a él? ¿Por complacer a congresistas, disputados, alcaldes, gobernadores, concejales? ¿Por qué? ¿Para que apoyen la reelección?
Hablemos de clínicas
A lo largo de los años se ha demostrado, con abundancia de ejemplos, que el compadrazgo entre las empresas privadas de salud y numerosas clínicas ha causado un daño terrible a los ciudadanos y a las propias finanzas del sistema. Hoy esas empresas, a través de lo que se conoce como “integración vertical”, controlan casi todas las clínicas donde deberían atender a sus pacientes. O son suyas, o de sus empresas subsidiarias, o de sus parientes.
Lo decepcionante es que la reforma propuesta por el Gobierno, en su artículo 32, mantiene intacto ese mismo vínculo vicioso entre las clínicas y las nuevas “gestoras”, que en apariencia sustituirán a las EPS. Lo que se persigue con eso, naturalmente, es seguir impidiendo, como ha pasado hasta ahora, que el ciudadano escoja la clínica que le provoque.
Intentan, además, que los colombianos no consuman servicios de salud y no les ocasionen “tantos gastos” a los empresarios. Lo inexplicable son las razones del Gobierno para participar en esa manipulación.
–No sé cuáles sean –me responde un antiguo viceministro–. Pero la única manera de desarrollar un buen régimen de salud en Colombia es que, con la historia clínica de cada quien incluida en un sistema de computador en línea, el paciente pueda escoger libremente su médico y su clínica.
Si a los servicios de medicina general les permitieran abrir sus consultorios los fines de semana, y en horarios nocturnos extendidos, se descongestionaría la cantidad de consultas, disminuiría el tiempo de espera para una cita y podría remediarse la incontenible presión de los usuarios sobre las secciones de urgencia, que se están cerrando de manera acelerada en todo el país.
–Hoy –comenta el exfuncionario–, esos servicios primarios están secuestrados por las EPS. Y lo peor es que con la reforma seguirán secuestrados por las nuevas gestoras de salud.
El ratón y el queso
Miren esto: como ya dije arriba, la reforma propone eliminar el organismo denominado Fosyga, que redistribuye los recursos del sistema de salud. El proyecto dice que, mientras inicia su trabajo el fondo que lo sustituye, llamado SaludMía, las EPS y las nuevas gestoras de salud “podrán adelantar dichas funciones”. ¿Qué sentido tiene insistir en que el ratón siga cuidando el queso?
Si las EPS fueron el principal responsable del desastre del sistema, y ocasionaron el desvío y la pérdida de cifras billonarias, ¿por qué se les entregan, precisamente a ellas, y aunque sea temporalmente, las tareas del organismo que habrá de reemplazarlas? Esa es una de las contradicciones más monumentales en el proyecto del Gobierno.
Las nuevas EPS, que en adelante se llamarán “Gestoras de Salud”, seguirán siendo el ratón: contratarán la red de servicios, definirán cuánto pagan por eso y, además, auditarán las cuentas. Serán, pues, juez y parte. La reforma tampoco dice con base en qué tarifas se definirán los pagos por servicios prestados. Usuarios, médicos y trabajadores de la salud seguirán siendo el queso.
–El Gobierno debería recordar que la calentura no está en las sábanas y que la crisis del sistema no se resuelve vendiendo el sofá –comenta el exministro Alonso Gómez–. Las resoluciones, decretos y leyes aprobados hasta ahora no apuntan a resolver el problema, sino a corregir algunas alteraciones. Pañitos de agua tibia.
El doctor Gómez agrega que, desde hace veinte años, vivimos en una situación caótica: “Complicaciones con los servicios médicos, con los servicios hospitalarios, con los servicios farmacéuticos y, como si fuera poco, complicaciones recientes con la educación médica”.
Dosis y cucharada
El que viene a continuación es uno de los aspectos más inquietantes de la reforma presentada por el Gobierno. Se trata, nada menos, que del cubrimiento a que estaría obligado el nuevo sistema de salud.
Días antes de ser radicado el proyecto de ley ordinaria ante el Congreso de la República, los ministros de Salud y Hacienda concedieron una rueda de prensa para explicar sus alcances. Allí dijeron que, para reemplazar al Plan Obligatorio de Salud (POS), la reforma crearía uno nuevo, llamado MiPlan, que cubriría todas las necesidades de salud de los colombianos. Aclararon, sin embargo, que habría una lista de servicios excluidos a los que, por tanto, el sistema no atendería.
Los ministros no aclararon cuáles serían esas excepciones, y muchos ciudadanos pensaron que, ante esa situación, seguirá la avalancha de tutelas que los colombianos emplean para defender su derecho a la salud. Aunque en el proyecto se mencionan unos “criterios para definir exclusiones”, y se advierte que para tomar tales decisiones deberá garantizarse “la participación social”, lo cierto es que el texto no especifica cuáles serían los servicios excluidos: ni medicamentos, ni intervenciones ni procedimientos médicos. Ingenuo que es uno, me sentí dichoso de que así hubiera sucedido. Por fin un servicio completo.
No obstante mi alegría, la verdad es que me carcomía un reconcomio de periodista ante tantos equívocos. Algo estaba pasando. Comprendí que la cosa no es tan fácil ni tan inocente. “En todo esto hay una dosis de redacción confusa revuelta con una cucharada de malas intenciones”, me advirtió otro especialista en políticas de salud.
Ustedes, usuarios resignados, dirán que eso no es nada nuevo y que es lo mismo que ocurre hoy con el llamado Plan Obligatorio de Salud (POS), que está lleno de trampas para no cubrir las necesidades de la gente. No, no es lo mismo que el POS: es peor. Ya se los explico.
Cacería contra la tutela
La tutela ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mejores inventos de la Constitución del 91. Ante una justicia viciosa, como la colombiana, la gentecita acude a ella para defender sus derechos. Me gustaría saber cuántos enfermos se han salvado gracias a la tutela.
Las normas vigentes, como la famosa Ley 100 de 1993, definen la salud como un “servicio público esencial”. El adjetivo que acabo de subrayar (“esencial”) tiene un valor extraordinario: significa que ese servicio está relacionado con un derecho fundamental, es decir, un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Un derecho intocable.
Para proteger esos derechos, los ciudadanos acuden a la tutela. Acudían, mejor dicho, porque ahora, al revisar con pinzas de joyería el proyecto de reforma gubernamental, encuentro que el artículo 2 dice: “Ámbito de la ley. La presente ley regula la forma en que el Estado organiza, dirige, coordina y controla la prestación del servicio público de salud y los roles de los actores involucrados”.
¿De modo que de aquí en adelante la salud será solo un servicio público simple, común y corriente, como la recolección de basuras? ¿Por qué le quitan ahora la palabra “esencial”, que tiene desde hace veinte años? ¿Para que deje de ser un derecho constitucional y la gente no pueda poner su tutela? ¿Qué dice la Corte Constitucional?
Ya lo saben: los pobres, a seguirse muriendo en la puerta de los hospitales. Lo mismo de siempre, repetirán ustedes, que nunca se indignan ni protestan. Sí, pero esta vez ni siquiera tendrán el consuelo de entablar una tutela, como antes. “El Gobierno debería entender que la verdadera solución social consiste en crear un plan único para ricos y pobres”, me dice el exministro Gómez.
¿La reforma no tiene nada bueno?
Esta letanía se está volviendo interminable. Por eso, buscando algo positivo, le pregunto a un viejo amigo, que fue superintendente de salud, si este proyecto de reforma no tiene nada bueno. Le pido que me señale tres o cuatro ángulos beneficiosos.
–Es imposible hacerlo –responde él, sabiamente– sin tener en cuenta el contexto de la ley, su cuerpo completo. Cada ley debe examinarse como un todo, como un conjunto, y no a retazos, con pedacitos buenos y pedacitos malos. Yo solo puedo valorar ese proyecto en forma integral. Eso es lo que me permite concluir que en poco o nada mejorará la situación de los pacientes.
Un exsecretario de la alcaldía de Bogotá, reputado como perito en la materia, coincide con la opinión anterior, a cuyo autor no conoce, y lo explica con un ejemplo gráfico.
–Es muy buena la idea de irrigar la plata de la salud hacia departamentos y municipios –dice–, pero sin quitársela de las manos a la politiquería no servirá de mucho. Que las EPS no controlen más la plata del sistema es excelente, ¿pero para centralizarla en una sola mano, la del Ministerio de Salud, que es dominado por los políticos marrulleros?
Epílogo con bambuco
Finalmente, hay que hacerse esta pregunta, una más, muchas más: ¿quién garantiza que con esta nueva reforma el pueblo colombiano podrá gozar, por fin, de su derecho a la salud?
Varios ejemplos recientes no dejan espacio para el optimismo. Por el contrario. Los aspectos más importantes de la Ley 1122, que también reformó el sistema en el 2007, nunca merecieron una reglamentación del presidente Uribe, no obstante contener evidentes beneficios para los ciudadanos. Se quedaron en el limbo. Cuatro años después, en el 2011, se aprobó la Ley 1438 con los mismos propósitos. El presidente Santos también se hizo el de la vista gorda y tampoco hubo reglamentación alguna.
Por lo menos en eso, los señores Uribe y Santos parece que estuvieran de acuerdo.
A punto ya de terminar estas anotaciones, recuerdo que, por allá en los años 40, durante la violencia entre los dos partidos políticos, los campesinos del Tolima recogían las cosechas mientras iban entonando una parodia de aquel bambuco famoso:
Ganen los conservadores / o suba el liberalismo, / que pa’ joder a los pobres / todos resultan lo mismo.
JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

viernes, 9 de agosto de 2013

DETONAR UNA IDEA - Ética y Ciudadanía

Cubrimiento por: Carlos Mario Marín Ossa.



Carlos Gaviria Díaz. UTP, ago. 09 - 2013 Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Este 09 de agosto de 2013, en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se llevó a cabo la Charla "DETONAR UNA IDEA - Ética y Ciudadanía" a cargo del Ex-Magistrado, Docente, Ex-Candidato a la Presidencia de la República y miembro del Polo Democrático Alternativo, Maestro Carlos Gaviría Díaz.

Intentaremos resumir los conceptos esbozados por el Maestro Gaviria Díaz ante un nutrido auditorio.

Carlos Gaviria Díaz, nos lleva a partir del concepto de Democracia Directa (practicada inicialmente entre los atenienses) y las diversas evoluciones que ha sufrido a través de la historia de la humanidad desde entonces   -pasando por los conceptos de Rosseau y Sieyès- a los conceptos de ciudadano y ciudadanía y las implicaciones prácticas de los mismos. Nos habla por ejemplo, que los dos bienes que persigue la democracia son la Libertad y la Igualdad. La democracia aspira a que todas las personas que conviven en una sociedad, sean Ciudadanos.

Por lo tanto, los ciudadanos -quienes vivimos en la ciudad, y debemos preocuparnos por lo que en ella ocurre- estamos llamados a desarrollar nuestra Ciudadanía, como seres abocados a vivir con otros, con todas las relaciones, conflictos y contradicciones que de ello se suscitan. Por eso las relaciones entre la ciudad y la ciudadanía se dan en busca de las mejores formas de convivencia.

De la Democracia Ateniense a la Democracia Participativa.


Desde el inicio de la democracia ateniense -en la cual sólo se ocupaban de la política los hombres, que no eran ni mujeres ni esclavos-, democracia directa en la cual los ciudadanos votaban a favor o en contra de aquellos asuntos que los afectaban, se pasó por las ideas de Jean Jacques Rosseau -El Contrato Social- en donde las personas son súbditos y soberanos a la vez. Súbditos en cuanto deben obedecer unas normas y el poder que de ellas se deriva. Soberanos en cuanto todas las personas determinan dichas dichas normas y el poder consecuente; esto es la democracia sobre la base del PODER POPULAR. Posteriormente Emmanuel Joseph Sieyès plantea la democracia desde el concepto de PODER NACIONAL -El Tercer Estado-. Para Sieyès la Nación es el soberano y no el pueblo. Se introduce en consecuencia la democracia representativa.


Carlos Gaviria Díaz. UTP ago. 09 - 2013 Foto/Carlos Mario Marín Ossa

En Colombia, no hemos sido ajenos a la práctica de dichos conceptos como mecanismos del poder. 

La Constitución Nacional de 1886, planteaba la democracia emanada y residente en la Nación. Esto conlleva a  sentar las bases del poder y de nuestra construcción histórica republicana sobre elementos, gustos, creencias y vivencias comunes: La religión católica, la organización del Estado, las prácticas políticas, económicas y sociales iguales. El pensamiento único, con todos los peligros que de allí se derivan para quienes se atreven a salirse del camino trazado. Aparecen los enemigos del Estado -del Status Quo-. La Constitución Nacional de 1991 en cambio, identifica la democracia y el poder desde la diferencia, sobre la base del pueblo ya y no de la Nación. Se espera entonces, la construcción de la república desde las diferencias. Nos explica el maestro Gaviria Díaz, que es una de las razones por las cuales en la Constitución de 1991 se consagran de forma expresa los derechos económicos, culturales y sociales; porque el Constituyente de forma intencional o no, reconoce una realidad ineludible: "que cuando los ciudadanos no tienen satisfechas sus necesidades más importantes, no son ciudadanos". No pueden serlo por falta de condiciones positivas.

La ciudadanía es la pertenencia plena a un Estado, y la pertenencia plena a un Estado se da cuando la opinión de la persona tiene incidencia en el desarrollo del mismo. Esta es la llegada a la Democracia Participativa, que en Colombia se encuentra en sus albores, pero que parece con paso firme, busca cambiar la forma de relacionarnos entre ciudadanos y ciudad, o de forma más amplia entre ciudadanos y Estado.

Es este, un intento por recrear a partir de los apuntes, la disertación sobre temas fundamentales de la política que nos entregara de forma magistral Carlos Gaviria Díaz.

a continuación, un fragmento en video acerca de su intervención:

Detonar una idea.

martes, 30 de julio de 2013

A instancias del senador Alexander López, madres comunitarias exigen al Gobierno su formalización laboral

Foto/barriosdebogota.com

El pasado viernes 14 de junio, en Audiencia Pública citada por el senador  del Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya y la Comisión Sexta del Senado de la República, 85.000 Madres Comunitarias, Sustitutas, Fami y trabajadores de Hogares Infantiles solicitaron al Gobierno su formalización laboral para el 2014, tal como lo ordena el Artículo No. 36 aprobado en la Reforma Tributaria del 2012.


Esto se suma al pronunciamiento de la Corte Constitucional que obligó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a pagar el salario mínimo a las mujeres que ejercen esta labor.


El senador López Maya ha venido denunciando que hasta el momento no se está cumpliendo en la totalidad lo que ordena la Reforma Tributaria y la Corte Constitucional, ya que existen madres que atienden programas del ICBF que aún no están recibiendo el salario mínimo y esto era obligatorio a partir de enero del 2013.


Las organizaciones que agrupan a las Madres Comunitarias manifestarán al Gobierno este viernes la urgencia de una solución pensional para mujeres que superan los 65 y 70 años de edad y que han ejercido esta labor del cuidado de la infancia de niños y niñas en Colombia por más de 25 años.


“Tenemos casos de Madres Comunitarias enfermas, mayores de 70 años y con más de 25 años trabajando para el Instituto, que no lograrán una pensión porque nunca tuvieron la posibilidad de cotizar ya que el Gobierno no les reconoció su salario mínimo durante muchos décadas, por ende su pensión es una responsabilidad pendiente por parte del Estado”, señaló el Senador López.


El evento se llevó a cabo en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República este viernes 14 de junio desde de las 9:00 a.m., y fué transmitido en directo por el Canal Congreso y Señal Institucional.

lunes, 27 de mayo de 2013

Carta a Luis Carlos Sarmiento Angulo

Transcribimos una carta de Congresistas del POLO, dirigida al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo; en dónde se piden aclaraciones sobre temas de gran importancia para el país. 
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Bogotá D.C., Mayo 23 de 2013



Señor 
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Presidente
Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 
La ciudad




Asunto: solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos



En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.

Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.

La primera pregunta es:

¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?

La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.

Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:

Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:

1.    De la renta extraída del cobro que le hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros. 

2.    De la contratación y de la ayuda estatal. Para efectos de respuesta, sólo considere lo segundo, más exactamente los cuantiosos recursos no reembolsables, que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.

Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:

¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?

Su fortuna según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el puesto 64 de aquella revista. Es decir, de lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los más ricos a nivel mundial. En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?

Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley, no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares. Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague aunque sea sin reconocer los intereses!

Atentamente,




Wilson Neber Arias Castillo 
Representante a la Cámara, Valle del Cauca 
Polo Democrático Alternativo

lunes, 25 de marzo de 2013

Comité Fals Borda se reune con senador Alexander López Maya

El pasado 23 de marzo visitó el eje cafetero y norte del Valle, el senador del PDA Alexander López Maya, visita coordinada por el Comité de Trabajo Político y Social de Base "Orlando Fals Borda". 


Comité de Trabajo Político y Social de Base "Orlando Fals Borda" con el Senador Alexánder  López Maya (PDA).


Asistieron a las reuniones, líderes sociales, gremiales, culturales y políticos de la región; que manifestaron su apoyo hacia la próxima campaña electoral al senado. El senador López realizó un informe de su gestión en el congreso de la república, impulsando Leyes que rescatan los derechos laborales desconocidos por los gobiernos anteriores, promoviendo debates frente a hechos e iniciativas de Ley que han llevado a cabo los legisladores de la unidad nacional del gobierno Santos, como la nociva y tristemente célebre reforma a la justicia; que despertó la cólera del pueblo colombianos y le costó la cabeza al entonces ministro de justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero y que promovía ya en su gobierno el señor Uribe Vélez. También fué un acérrimo opositor a la reforma tributaria que eliminó la financiación parafiscal del SENA e ICBF.


Reunión Senador Alexánder López Maya en Pereira, con equipo Suroccidente. 


Cabe recordar que el año anterior, el senador López Maya medió con acierto en el conflicto generado a raíz de la liquidación de la empresa Multiservcios en Pereira, que desató una huelga de hambre por parte de sus empleados -hecho sin precedentes en Risaralda- y que terminó con los compromisos por parte de la administración Vásquez de reconocer los derechos laborales de estos empleados próximos a pensionarse y reubicar a los restantes.

Representantes del sindicato de madres comunitarias en Risaralda, de Sintraemsdes, del sector cultural y deportivo, se hicieron presentes en apoyo a la figura del senador Alexander López.


Aydeé Casilimas y Humberto Gutiérrez Peláez.


Desde el Comité de Trabajo  Político y Social de Base "Orlando Fals Borda", se presentaron los nombres de Marina Gaona Jurado, Jorge Isaac López López y Carlos Mario Marín Ossa como aspirantes a los cargos de representación popular próximos a elegirse; y que serán apoyados desde esta organización política y social.

De izquierda a derecha: Marina Gaona Jurado, Senador Alexánder López Mayas, Ana Lucía  MarínEscudero y Aydeé Casilimas.

María del Carmen Londoño y Carlos Mario Marín Ossa