Por José Fernando Isaza Delgado* Colombia vive un auge de exportación minera, en volumen y en precio. Las ventas externas de hidrocarburos se proyectan en US$25.000 millones para 2011, 3,5 veces superior a las de 2007.
Las exportaciones de carbón se estiman en US$7.082 millones, más del doble de las registradas en 2007. Si se comparan los precios actuales, en dólares, con los de 2001, se tiene que el del oro ha crecido 4,5 veces, el del carbón 2,5 veces y el del níquel 4,7 veces. El aumento de las cotizaciones de los minerales se explica por el crecimiento económico de China y la India, que albergan más de la cuarta parte de la población mundial. El precio del oro
refleja la desconfianza de los inversionistas en deudas soberanas o en monedas que se desvalorizan por emisiones sin respaldo. Sólo una fracción del oro se emplea en joyería o en usos industriales, el resto es ahorro especulativo individual o institucional.
Países como Noruega, Canadá, Australia, Chile y Reino Unido han manejado las bonanzas mineras con miras a las generaciones futuras con programas de ahorro y ajustes de regalías e impuestos, buscando que la tasa de cambio no sea un factor negativo para los otros sectores económicos.
Con el argumento de confianza inversionista, el país le ha otorgado una serie de beneficios y exenciones a la actividad minera que limitan los beneficios fiscales, los cuales podrían ser utilizados para reducir los niveles de inequidad y pobreza. Las regalías del oro, níquel y carbón no se ajustan con la variación de precios.
Las petroleras sí lo hacen y no se ha desincentivado la inversión en este sector. Estudios realizados por la Universidad de los Andes sobre la participación estatal en la renta de la actividad minera en Colombia muestran que es inferior a la chilena y peruana. La gran minería se beneficia de una doble deducción, la correspondiente a la inversión y adicionalmente a la depreciación de ésta. En el año 2010, los beneficios fueron de 1,817 billones de pesos, a esto, como lo señala Álvaro Pardo, debe agregarse el subsidio a la gasolina para empresas que operan en las zonas de frontera, Cerrejón, Drummond, Prodeco; esta gratuidad gubernamental, de la que no gozan los otros colombianos, ascendió un cuarto de billón pesos en 2010.
A esto debe agregarse las deducciones por aporte a sus propias fundaciones y por las necesarias inversiones en ciencia y tecnología. El anterior gobierno quiso cerrar la posibilidad de que el Estado y la sociedad se beneficien de la explotación de recursos naturales. El mecanismo de estabilidad jurídica fue una de las herramientas. La puerta giratoria de funcionarios que tramitaron estas prebendas, y que hoy son asalariados o contratistas de estas empresas, es al menos una ligereza ética.
Se argumenta que ante una escalada de precios Colombia no debe modificar sus contratos mineros o energéticos. Sin embargo, Estados Unidos cambió el régimen fiscal para las compañías petroleras cuando en 1980 se disparó el precio de los hidrocarburos, lo mismo hizo
el Reino Unido. Hoy el gobierno de Obama propone otra modificación a favor del Estado. Canadá y Australia, países de gran tradición minera, han ajustado sus contratos para buscar que la sociedad se beneficie de las bonanzas. ¿No será el momento de que Colombia lo haga?
No han sido precisamente “Bananas Repúblicas” los países que han realizado cambios en beneficio de sus ciudadanos.
* Rector Universidad Jorge Tadeo LozanoEl Espectador, Bogotá, julio 21 de 2011.
