DETONAR UNA IDEA - Ética y Ciudadanía

Cubrimiento por: Carlos Mario Marín Ossa.

Carlos Gaviria Díaz. UTP, ago. 09 - 2013 Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Este 09 de agosto de 2013, en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se llevó a cabo la Charla "DETONAR UNA IDEA - Ética y Ciudadanía" a cargo del Ex-Magistrado, Docente, Ex-Candidato a la Presidencia de la República y miembro del Polo Democrático Alternativo, Maestro Carlos Gaviría Díaz.

Intentaremos resumir los conceptos esbozados por el Maestro Gaviria Díaz ante un nutrido auditorio.

Carlos Gaviria Díaz, nos lleva a partir del concepto de Democracia Directa (practicada inicialmente entre los atenienses) y las diversas evoluciones que ha sufrido a través de la historia de la humanidad desde entonces   -pasando por los conceptos de Rosseau y Sieyès- a los conceptos de ciudadano y ciudadanía y las implicaciones prácticas de los mismos. Nos habla por ejemplo, que los dos bienes que persigue la democracia son la Libertad y la Igualdad. La democracia aspira a que todas las personas que conviven en una sociedad, sean Ciudadanos.

Por lo tanto, los ciudadanos -quienes vivimos en la ciudad, y debemos preocuparnos por lo que en ella ocurre- estamos llamados a desarrollar nuestra Ciudadanía, como seres abocados a vivir con otros, con todas las relaciones, conflictos y contradicciones que de ello se suscitan. Por eso las relaciones entre la ciudad y la ciudadanía se dan en busca de las mejores formas de convivencia.

De la Democracia Ateniense a la Democracia Participativa.

Desde el inicio de la democracia ateniense -en la cual sólo se ocupaban de la política los hombres, que no eran ni mujeres ni esclavos-, democracia directa en la cual los ciudadanos votaban a favor o en contra de aquellos asuntos que los afectaban, se pasó por las ideas de Jean Jacques Rosseau -El Contrato Social- en donde las personas son súbditos y soberanos a la vez. Súbditos en cuanto deben obedecer unas normas y el poder que de ellas se deriva. Soberanos en cuanto todas las personas determinan dichas dichas normas y el poder consecuente; esto es la democracia sobre la base del PODER POPULAR. Posteriormente Emmanuel Joseph Sieyès plantea la democracia desde el concepto de PODER NACIONAL -El Tercer Estado-. Para Sieyès la Nación es el soberano y no el pueblo. Se introduce en consecuencia la democracia representativa.

Carlos Gaviria Díaz. UTP ago. 09 - 2013 Foto/Carlos Mario Marín Ossa

En Colombia, no hemos sido ajenos a la práctica de dichos conceptos como mecanismos del poder. 

La Constitución Nacional de 1886, planteaba la democracia emanada y residente en la Nación. Esto conlleva a  sentar las bases del poder y de nuestra construcción histórica republicana sobre elementos, gustos, creencias y vivencias comunes: La religión católica, la organización del Estado, las prácticas políticas, económicas y sociales iguales. El pensamiento único, con todos los peligros que de allí se derivan para quienes se atreven a salirse del camino trazado. Aparecen los enemigos del Estado -del Status Quo-. La Constitución Nacional de 1991 en cambio, identifica la democracia y el poder desde la diferencia, sobre la base del pueblo ya y no de la Nación. Se espera entonces, la construcción de la república desde las diferencias. Nos explica el maestro Gaviria Díaz, que es una de las razones por las cuales en la Constitución de 1991 se consagran de forma expresa los derechos económicos, culturales y sociales; porque el Constituyente de forma intencional o no, reconoce una realidad ineludible: "que cuando los ciudadanos no tienen satisfechas sus necesidades más importantes, no son ciudadanos". No pueden serlo por falta de condiciones positivas.

La ciudadanía es la pertenencia plena a un Estado, y la pertenencia plena a un Estado se da cuando la opinión de la persona tiene incidencia en el desarrollo del mismo. Esta es la llegada a la Democracia Participativa, que en Colombia se encuentra en sus albores, pero que parece con paso firme, busca cambiar la forma de relacionarnos entre ciudadanos y ciudad, o de forma más amplia entre ciudadanos y Estado.

Es este, un intento por recrear a partir de los apuntes, la disertación sobre temas fundamentales de la política que nos entregara de forma magistral Carlos Gaviria Díaz.

a continuación, un fragmento en video acerca de su intervención:

Detonar una idea.

Carta a Luis Carlos Sarmiento Angulo

Transcribimos una carta de Congresistas del POLO, dirigida al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo; en dónde se piden aclaraciones sobre temas de gran importancia para el país. 

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Bogotá D.C., Mayo 23 de 2013

Señor 

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Presidente

Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 

La ciudad

Asunto: solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos

En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.

Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.

La primera pregunta es:

¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?

La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.

Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:

Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:

1.    De la renta extraída del cobro que le hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros. 

2.    De la contratación y de la ayuda estatal. Para efectos de respuesta, sólo considere lo segundo, más exactamente los cuantiosos recursos no reembolsables, que usted ha recibido en sus negocios agroindustriales.

Así las cosas, le pregunto entre atónito y asombrado:

¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?

Su fortuna según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el puesto 64 de aquella revista. Es decir, de lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los más ricos a nivel mundial. En ese orden de cifras, ¿con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?

Yo no sé si su contador estará de acuerdo conmigo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley, no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares. Señor Sarmiento, con firmeza y alzando la voz por millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague aunque sea sin reconocer los intereses!

Atentamente,

Wilson Neber Arias Castillo 

Representante a la Cámara, Valle del Cauca 

Polo Democrático Alternativo

Comité Fals Borda se reune con senador Alexander López Maya

El pasado 23 de marzo visitó el eje cafetero y norte del Valle, el senador del PDA Alexander López Maya, visita coordinada por el Comité de Trabajo Político y Social de Base "Orlando Fals Borda". 

Comité de Trabajo Político y Social de Base "Orlando Fals Borda" con el Senador Alexánder  López Maya (PDA).

Asistieron a las reuniones, líderes sociales, gremiales, culturales y políticos de la región; que manifestaron su apoyo hacia la próxima campaña electoral al senado. El senador López realizó un informe de su gestión en el congreso de la república, impulsando Leyes que rescatan los derechos laborales desconocidos por los gobiernos anteriores, promoviendo debates frente a hechos e iniciativas de Ley que han llevado a cabo los legisladores de la unidad nacional del gobierno Santos, como la nociva y tristemente célebre reforma a la justicia; que despertó la cólera del pueblo colombianos y le costó la cabeza al entonces ministro de justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero y que promovía ya en su gobierno el señor Uribe Vélez. También fué un acérrimo opositor a la reforma tributaria que eliminó la financiación parafiscal del SENA e ICBF.

Reunión Senador Alexánder López Maya en Pereira, con equipo Suroccidente. 

Cabe recordar que el año anterior, el senador López Maya medió con acierto en el conflicto generado a raíz de la liquidación de la empresa Multiservcios en Pereira, que desató una huelga de hambre por parte de sus empleados -hecho sin precedentes en Risaralda- y que terminó con los compromisos por parte de la administración Vásquez de reconocer los derechos laborales de estos empleados próximos a pensionarse y reubicar a los restantes.

Representantes del sindicato de madres comunitarias en Risaralda, de Sintraemsdes, del sector cultural y deportivo, se hicieron presentes en apoyo a la figura del senador Alexander López.

Aydeé Casilimas y Humberto Gutiérrez Peláez.

Desde el Comité de Trabajo  Político y Social de Base "Orlando Fals Borda", se presentaron los nombres de Marina Gaona Jurado, Jorge Isaac López López y Carlos Mario Marín Ossa como aspirantes a los cargos de representación popular próximos a elegirse; y que serán apoyados desde esta organización política y social.

De izquierda a derecha: Marina Gaona Jurado, Senador Alexánder López Mayas, Ana Lucía  MarínEscudero y Aydeé Casilimas.

María del Carmen Londoño y Carlos Mario Marín Ossa

Nueva Dirección en POLO Risaralda

Dirección Polo Democrático Alternativo Risaralda - 2012/2013

Luego de la realización del III Congreso del Polo Democrático Alternativo, llevado a cabo a finales de noviembre y comienzos de diciembre en la ciudad de Bogotá, regresaron los delegados por Risaralda e inmediatamente se procedió a elegir a la nueva dirección del partido; que tendrá como objetivo más inmediato la reorganización del partido político en el departamento, citando a asamblea general con el fin de elegir de forma oficial entre sus militantes a la nueva junta que regirá los destinos de PDA en los próximos años para el departamento de Risaralda.

La actual junta (que tiene carácter provisional) ha quedado conformada por el ingeniero Carlos  Alfredo Crosthwaite Ferro como Presidente, la abogada Marina Gaona Jurado como Secretaria General y por el Licenciado Duberney Galvis como Tesorero.

Todos los anteriores -destacados líderes de la izquierda risaraldense y de los sectores más democráticos de la región- cumplen una valiosa labor en frentes como la minería, el agro, la participación ciudadana, la vigilancia de la gestión pública y del destino de los recursos del departamento y la nación, la contratación y demás asuntos relacionados con el discurrir de la región y del país.

Les auguramos éxitos en la importantísima tarea de fortalecer al partido y ayudarlo a llevar a sitiales de influencia dentro de las comunidades democráticas, unir a los sectores de izquierda y continuar en la lucha por los derechos de la ciudadanía de Risaralda.

Movilización contra el desmonte de la financiación en el SENA y el ICBF

Durante el transcurso de la primer semana de diciembre de 2012, los estudiantes del SENA Risaralda, agrupados en el COES, instructores, organizaciones sindicales, sociales y el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO DE RISARALDA; han realizado diversas marchas y manifestaciones de rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Marcha de antorchas SENA. Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Dicha reforma contempla la eliminación de los aportes parafiscales como pago de las empresas al monto de la nómina respectiva, so pretexto de flexibilizar la carga de costos de las mismas, para hacerlas más competitivas y con ello contribuir a que en el país se creen más empleos. Sin embargo, la misma promesa fué realizada durante el primer gobierno de Alvaro Uribe Vélez con su reforma laboral; y los puestos de trabajo nunca aparecieron, pero si se golpeó fuertemente la capacidad adquisitiva del trabajador vía ingresos laborales, se eliminaron derechos adquiridos a través de décadas de lucha de la clase trabajadora, los niveles de empleo nacional decayeron notablemente y la riqueza generada por este ahorro a los grandes empresarios, se concentró en pocas manos y aumentó la brecha de desigualdad en Colombia.

Marcha de antorchas SENA. Diciembre 03/12. Foto/ Carlos Mario Marín Ossa

Es de anotar que los aportes parafiscales en la actualidad financian la educación de las capas más pobres de la sociedad colombiana en el SENA y hacen parte del presupuesto del ICBF. Con la propuesta del gobierno, de grabar a cambio de los parafiscales, las ganancias de las empresas; se entra en una era de incertidumbre presupuestal para la educación técnica en Colombia, educación que es a la única que pueden acceder los colombianos más desprotegidos, luego de la progresiva privatización de la educación universitaria. El SENA con seguridad se verá empujado por el gobierno, a buscar fuentes de financiación propias, a la venta de servicios educativos -que por supuesto tendrán costos onerosos para los más pobres- y con ello desaparecerá paulatinamente el derecho a la educación técnica del pueblo. El resultado : deterioro de los indicadores sociales, de acceso laboral formal, de salarios decentes, aumento de la informalidad, la inseguridad y explosión demográfica.

Marcha de antorchas SENA. Diciembre 03/12. Foto/ Carlos Mario Marín Ossa

Así también, durante el evento de aniversario del Comité de Trabajo Político y Social de Base "Orlando Fals Borda" - PDA, realizado el pasado 01 de diciembre en Pereira, el senador Alexander López Maya, denunció que la reforma tributaria contempla grabar con un impuesto de IVA del 5% a productos básicos de la canasta familiar, caso muy especial del arroz.

El gobierno y las clases dominantes necesitan de un pueblo ignorante, para perpetuarse en el poder y en el disfrute de sus prebendas.

Por eso, animamos a los estudiantes del SENA, a los instructores y administrativos, a los sectores sociales y gremiales, a los sindicatos y a las organizaciones políticas alternativas; para que continúen con la movilización social en contra de la nefasta reforma tributaria de Santos.

Foto/Carlos Mario Marín Ossa

Ley de Inteligencia: legalizan policía política

Semanario Voz.

Con el mayor sigilo y un apresurado paso se aprobó a la sombra la Ley de Inteligencia para legitimar las chuzadas, los seguimientos y montajes judiciales orquestados en el Estado.

En una avalancha apresurada de aprobaciones a pupitrazos se está convirtiendo el ejercicio parlamentario de la “unidad nacional”. Esta vez, por cuenta de la aprobación de la Ley de Inteligencia, cuya iniciativa gubernamental fue conducida por el Ministerio de Defensa y la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y los altos mandos militares. A lo largo del trámite legislativo la “unidad nacional” que hace mayoría aprobó con sus acostumbrados pupitrazos la iniciativa convertida en un manual de policía política al servicio del régimen. “Se avecina una legalización de las Interceptaciones, seguimientos y acusaciones judiciales infundadas”, aseguraron los voceros del Polo Democrático que votaron negativa la iniciativa.

Cofradía para chuzar

Las prácticas criminales conocidas como chuzadas, con autoría material del DAS, y los organismo de inteligencia militar que fueron orquestadas desde la Casa de Nariño, e incluso con asesoría de paramilitares como se evidencio en el caso de alias “Job”, quien conspiro montajes en contra de magistrados investigadores de la Corte Suprema de Justicia, ahora gracias a la ley esas prácticas tendrán un soporte jurídico y legitimo. Debido a las proposiciones a última hora impuestas por el partido de la U, quienes consideraron necesaria la vinculación de agencias de inteligencia privadas o empresas con manejo restringido de información como nuevos agentes de inteligencia mediante los convenios interinstitucionales de mutuo acuerdo; tales convenios consisten en el recaudo y valoración de informaciones por privados con o sin fines de inteligencia, en las que se encuentra ausente algún tipo de control legal y constitucional en las informaciones recaudadas, abriendo la puerta a la legalización de prácticas criminales del pasado y presente.

¿Quién los controla?

La ley prevé como novedad incluir un organismo de control a las actividades desarrolladas por los agentes de inteligencia, con la creación de la Junta de Inteligencia Conjunta, JIC. Sin embargo, en el conjunto del articulado que definen las funciones de la JIC, no enmarca algunos mecanismos de control constitucional ni garantista de los derechos humanos de quienes son objeto de actividades de inteligencia. Es decir, con la JIC o sin ella, las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos estarían a la orden de sus acciones y sin ningún control externo de autoridades judiciales o administrativas. Una práctica de control amañada en un ejercicio de “yo con yo” muy común en la vigilancia castrense donde las autoridades de control y vigilancia se convertían en cómplices de las actuaciones de sus subalternos o compañeros de armas.

Espectro ilegal

Como lo denunciaran las organizaciones víctimas de las chuzadas, esta ley es un mecanismo que promueve los actos ilegales de los agentes de inteligencia y sus instituciones, por ejemplo: los famosos barridos electromagnéticos consistentes en la ubicación de sistemas de interceptación de comunicaciones que captan y guardan todas las comunicaciones telefónicas, satelitales o virtual emitidas en determinado rango de extensión territorial resultan de facto ilegal, pues se guardan en sus bases de datos información privada sin ser requerida judicialmente. Ahora, según la normativa que aun carece de regulación, esas operaciones serán legales. “Yo tengo derecho a que no se me escuchen mis conversaciones. Y con estos barridos mis conversaciones serán sujeto de verificaciones de inteligencia sin orden judicial”, explicó, el abogado Ramiro Bejarano quien también fue víctima del episodio de las chuzadas. De lo que en el fondo trataría esta ley seria no de aplicar algún tipo de regulación frente a las prácticas de inteligencia sino en la legalización de las mismas.

El Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, manifestó que el archivo y eliminación de la información recolectada con o sin orden judicial por los organismos de inteligencia, no está en discusión, pues esa información es necesaria para las fuerzas militares con el fin de hacer un ejercicio de prevención de atentados terroristas. Argumento que no compadece con la violación de sus derechos ciudadanos en ejercicio de esta práctica criminal.

Censura a la prensa

A esta iniciativa no escapa la mordaza a los medios de comunicación. Anuncios que causaron ampolla desde un principio cuando la iniciativa fue presentada, pues según el articulado la prensa estaría coartada de divulgar informaciones, denunciar irregularidades y obligada a revelar sus fuentes en los organismos del Estado. Precisamente esas informaciones de los medios de comunicación fueron las que revelaron las chuzadas y seguimientos ilegales cometidos en el pasado gobierno y del que aun hoy se tiene indicios de la continuidad de esas prácticas. La censura consiste en la aplicación del articulo 38 y concomitantes del capítulo de Reserva de la Información de Inteligencia y Contrainteligencia, en la medida que serán sancionados severamente aquellos agentes que revelen información de inteligencia y que está a su vez sea publicada. El derecho a la información es fundamental y no puede verse frustrado con una ley de inteligencia “Un secreto militar en contra del derecho a la información: sucedió en el caso de la denuncia de la movilización de unas personas secuestradas en Soacha, que van a terminar muertos como guerrilleros en Cúcuta en la misma noche. En este caso, hay un secreto militar pero un hecho de interés público que la sociedad tiene derecho a conocer”, explicó Nacho Gómez, periodista y presidente de la Fundación para la Libertad de prensa, Flip, refiriéndose a la denuncia hecha por los medios de comunicación en la que se dio a conocer los llamados falsos positivos.

El representante Navas Talero, en ese mismo sentido planteo la necesidad de blindar a las ONG, defensoras de derechos humanos del manejo de la información que le sirve a estas para hacer las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Según el Representante Talero, el trabajo de estas ONG, le sirvieron al país para conocer la configuraron de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad como desapariciones y torturas con autoría de los miembros de la fuerza pública. Consecuentemente gracias a la Ley de Inteligencia tanto los medios como los veedores de las prácticas criminales quedarían censurados de hacer denuncias

Así entonces, La Ley de Inteligencia estaría al servicio de los montajes judiciales y persecuciones políticas a la oposición acentuando un velado manto de impunidad e ilegalidad en plena “prosperidad democrática”.

Semanario Voz, Bogotá, 29 de junio a 5 de Julio de 2011.